Tiempos de crisis (en plural)

Que estamos en tiempos de crisis es un hecho innegable y constante en nuestro día a día. Según el CIS, un 48% de los ciudadanos encuestados en noviembre de 2013 veía muy mal la situación económica del país, mientras que un 40,3% la veía mal. Además, el mismo estudio indicaba que la ciudadanía percibía como el principal problema actual el paro.

Sin embargo, hay una profunda crisis que a pesar de ir ligada a la económica tiene una personalidad propia en España. Me refiero a la crisis político­institucional a la que debe hacer frente la democracia.

La primera cara de esa crisis es la extendida corrupción que afecta en su mayoría a las élites políticas. La organización Transparency International publicaba un estudio para el 2013 en el que indicaba el Índice de Percepción de la Corrupción a nivel mundial. El índice, realizado en 177 países, mostraba el ranking de corrupción con un margen de 0­100% donde cero era máxima corrupción y cien absoluta transparencia. Frente a los países de menor corrupción como Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia y Escocia (con un margen entre el 89­91% de transparencia), España se encontraba en el puesto cuarenta con un 59% de transparencia. Así mismo, el Eurobarómetro realizado desde la Comisión Europea mostraba que un 95% de los entrevistados percibía que la corrupción estaba totalmente extendida en España, situándose en el número cuatro de países con más corrupción en la UE detrás de Grecia, Italia y Lituania.

 El principal problema de esta corrupción es, por un lado, su actual impunidad. Aunque existen leyes en contra de la corrupción, estas son de carácter excesivamente amable y no persiguen con severidad a los infractores. Por otro lado, y esto es lo que nos introduce en el segundo factor de esa crisis político­ institucional, la corrupción se encuentra inmensamente extendida entre las élites políticas, indiferentemente de su adscripción ideológica.

En el mismo Eurobarómetro, los ciudadanos españoles respondían en un 84% de las ocasiones que la corrupción y el tráfico de influencias estaba ampliamente extendido en los partidos políticos (seguido con un 72% por Eslovenia) así como en las instituciones políticas tanto a nivel nacional como regional con un 72%. En ambos ámbitos España encabezaba la lista a nivel europeo.

La pérdida de confianza en los partidos políticos supera el 90%, pero desde luego no es algo que sorprenda a ningún ciudadano actualmente. A mi modo de ver, la política se está convirtiendo en una auténtica bacanal, y esto es un problema de gran transcendencia que debe ser abordado desde la base si se pretende seguir con un proceso democratizador que cerca está de cumplir sus cuarenta años. Es necesario comprender que la democracia no es, sino que se hace día a día y con la participación activa de toda la ciudadanía. Y esto es lo que los partidos y sus castas políticas no parecen comprender. Los grandes mecanismos de movilización que prevalecieron durante los años de la transición se han ido deteriorando hasta el punto de que estos partidos políticos han perdido el contacto con la ciudadanía y las demandas sociales que desde ella se emiten. Lo que predomina ahora es la búsqueda del voto con un discurso demagogo y que no busca solventar de manera democrática los problemas de estado, como deberían hacer los gobernantes de una democracia consolidada, sino dañar la imagen del opuesto.

Recapitulando. Creo que sería necesario, en primer lugar, abordar de una manera férrea el problema de la corrupción en todos sus ámbitos, pero en especial en el que afecta a las instituciones públicas. En segundo lugar, es imprescindible que los partidos políticos se revitalicen y se abran a la ciudadanía. Una posibilidad sería que prestaran atención a las plataformas ciudadanas que hemos visto surgir en los últimos años y que buscan canalizar las propuestas civiles que no son atendidas por las élites gobernantes. Y en último lugar, y como consecuencia de lo anterior, es imprescindible perder el miedo a que la ciudadanía exija revisar la Constitución. Una democracia exige esta revisión pues sus leyes e instituciones deben modernizarse en consonancia al sentir social. En la medida en que el marco legislativo de una nación se mantiene intacto y no atiende a los cambios sociales ese estado deja de ser democrático y se convierte en otra cosa.

Rubén Moreno